Representantes de Eguzki emplazaron ayer a los consistorios de Lemoiz y Mungia, así como al movimiento social, a que inicien una batalla en todos los ámbitos en los que sea necesario para que la propiedad de la cala de Basorda y los terrenos aledaños vuelvan a ser públicos.
Eguzki hizo público ayer un documento que estima puede servir para que los ayuntamientos de Lemoiz y Mungia reclamen la titularidad pública de los terrenos donde Iberduero pretendía construir la fallida central nuclear y que insistieron no son propiedad de su compañía sucesora, Iberdrola, ya que todas las concesiones y licencias de ocupación se han extinguido.
Desde el colectivo ecologista defienden que ese punto de la costa vizcaina debe convertirse en un espacio para el disfrute de la ciudadanía y no el espacio donde se insiste en ubicar proyectos energéticos, como una planta de ciclo combinado o un parque para la obtención de electricidad a partir de las olas marinas (Bimep).
José Fernández, de Eguzki, explicó que, a partir de 2009, según se estableció en el acuerdo de compensación fijado a raíz de la paralización de las obras, la propiedad de los terrenos está amortizada y ha supuesto el desembolso por parte de los ciudadanos de 2.280 millones de euros a través del canon que se ha facturado en el recibo de la luz desde 1984. Precisaron que «es paradójico, indignante y digno de consideración» que se incluya desde 1997 en el catastro los terrenos de la frustrada instalación, a pesar de los miles de millones pagados en virtud de la «moratoria nuclear».
Además, defienden que, al menos, más del 75% de la superficie que ocupa el controvertido complejo es de dominio público marítimo-terrestre, de los que 17.105 metros cuadrados fueron ganados al mar. En vez de revertir en las administraciones públicas, a raíz de la extinción de la concesión otorgada a la eléctrica en setiembre de 1973, 34 años después -en junio de 2007- Iberdrola ocupó 82.482 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, de ellos los 17.105 citados antes.
Para Eguzki, la tramitación irregular del proyecto, sin licencias municipales ni otros permisos, ha permitido que se genere un equívoco acerca de quién es el verdadero propietario de los terrenos y que Iberdrola trate de mantener ciertos privilegios y continue barajando proyectos para ese entorno natural desdibujado por la mano del hombre.
El organismo estima que es necesario aclarar los deslindes entre las propiedades de los municipios de Lemoiz y Mungia, sin olvidar los del dominio público marítimo-terrestre. En su opinión, es obligado acabar con el «contubernio de Lemoiz» para que finalmente se dé por concluida «la triste historia de la central nuclear de Lemoiz».
Eguzki animó al movimiento ecologista y social a recuperar «los valores de unidad que se produjeron en la lucha contra el `Fantasma de Lemoiz' en tiempos quizá más duros para la democracia participativa». No perdieron la ocasión para señalar que «la lucha contra la central nuclear de Lemoiz es el símbolo del nacimiento del ecologismo político vasco».
Al margen de las iniciativas que se pudieran promover en los tribunales españoles, en los que no tienen mucha confianza por la experiencia de décadas, el colectivo quiere que los ayuntamientos de Mungia y Lemoiz «vuelvan a luchar y exigir el patrimonio esquilmado, al menos -puntualizaron- para poder utilizar las instalaciones de todo tipo de Basorda y lo que quedó de sus entornos naturales de forma pública».
La batalla que ahora animan a emprender es la de la recuperación pública del dominio público marítimo-terrestre «ocupado y usurpado». Para José Fernández, su propuesta «es un reto jurídico-político» en el que tendrá también mucho que decir la ciudadanía que, en última instancia, será a quien se le devuelva lo esquilmado.
Txosten osoa irakurtzeko / Para leer todo el informe:
http://www.eguzki.org/default.cfm?hizkuntza=1&id=234&atala=portadako_albistea_irakurri&nondik=1
Desde el colectivo ecologista defienden que ese punto de la costa vizcaina debe convertirse en un espacio para el disfrute de la ciudadanía y no el espacio donde se insiste en ubicar proyectos energéticos, como una planta de ciclo combinado o un parque para la obtención de electricidad a partir de las olas marinas (Bimep).
José Fernández, de Eguzki, explicó que, a partir de 2009, según se estableció en el acuerdo de compensación fijado a raíz de la paralización de las obras, la propiedad de los terrenos está amortizada y ha supuesto el desembolso por parte de los ciudadanos de 2.280 millones de euros a través del canon que se ha facturado en el recibo de la luz desde 1984. Precisaron que «es paradójico, indignante y digno de consideración» que se incluya desde 1997 en el catastro los terrenos de la frustrada instalación, a pesar de los miles de millones pagados en virtud de la «moratoria nuclear».
Además, defienden que, al menos, más del 75% de la superficie que ocupa el controvertido complejo es de dominio público marítimo-terrestre, de los que 17.105 metros cuadrados fueron ganados al mar. En vez de revertir en las administraciones públicas, a raíz de la extinción de la concesión otorgada a la eléctrica en setiembre de 1973, 34 años después -en junio de 2007- Iberdrola ocupó 82.482 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, de ellos los 17.105 citados antes.
Para Eguzki, la tramitación irregular del proyecto, sin licencias municipales ni otros permisos, ha permitido que se genere un equívoco acerca de quién es el verdadero propietario de los terrenos y que Iberdrola trate de mantener ciertos privilegios y continue barajando proyectos para ese entorno natural desdibujado por la mano del hombre.
El organismo estima que es necesario aclarar los deslindes entre las propiedades de los municipios de Lemoiz y Mungia, sin olvidar los del dominio público marítimo-terrestre. En su opinión, es obligado acabar con el «contubernio de Lemoiz» para que finalmente se dé por concluida «la triste historia de la central nuclear de Lemoiz».
Unión del movimiento social
Al margen de las iniciativas que se pudieran promover en los tribunales españoles, en los que no tienen mucha confianza por la experiencia de décadas, el colectivo quiere que los ayuntamientos de Mungia y Lemoiz «vuelvan a luchar y exigir el patrimonio esquilmado, al menos -puntualizaron- para poder utilizar las instalaciones de todo tipo de Basorda y lo que quedó de sus entornos naturales de forma pública».
La batalla que ahora animan a emprender es la de la recuperación pública del dominio público marítimo-terrestre «ocupado y usurpado». Para José Fernández, su propuesta «es un reto jurídico-político» en el que tendrá también mucho que decir la ciudadanía que, en última instancia, será a quien se le devuelva lo esquilmado.
Txosten osoa irakurtzeko / Para leer todo el informe:
http://www.eguzki.org/default.cfm?hizkuntza=1&id=234&atala=portadako_albistea_irakurri&nondik=1